A lo largo de las últimas décadas, países del continente americano han encabezado las listas de los más violentos del mundo, Venezuela, Honduras, Jamaica, El Salvador, México han sido los protagonistas más recurrentes en esta historia de cifras rojas.
Pero de vez en cuando se observa un cambio en el patrón, y el comportamiento de la violencia varía, por lo general, como consecuencia de políticas implementadas por gobiernos.
Dos de los países que, según fuentes oficiales, mostraron una reducción en los índices fueron Venezuela y El Salvador. En ambos oficialmente se anunció la caída en las cifras: Venezuela, según el director del Cicpc, tuvo una tasa de seis muertes por cada 100 mil habitantes, aunque el Observatorio Venezolano de Violencia reportó una tasa de 35,3 muertes.
El Salvador, a través de su presidente, Nayib Bukele, informó que en 2022 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 7,8; cifra que viene en picada desde el año 2015, cuando se reportó una tasa de 106,3.
Ambos países, a pesar de tener gobiernos ideológicamente opuestos, tienen algo en común: Cifras oscuras. En ambos es prácticamente imposible obtener datos sobre la violencia para saber qué incidió en esos resultados.
Dos de las caras de la delincuencia
Al analizar el tema, el criminólogo y profesor universitario Luis Izquiel advierte que las realidades de El Salvador y Venezuela son muy diferentes, “la violencia en cada uno tiene características particulares, aunque pueden encontrarse algunas similitudes”.
La primera diferencia es el origen y estructura de las organizaciones criminales, maras centroamericanas y megabandas venezolanas: Las maras son consecuencia de décadas de violencia política, pero también de las políticas migratorias de Estados Unidos.
Las maras más grandes, Salvatrucha 13 y Barrio 18, nacieron en Los Ángeles, California, donde migrantes centroamericanos, que huían de la violencia política y la pobreza, se radicaron. Algunos de ellos formaron organizaciones criminales.
Las bandas callejeras crecieron y se convirtieron en un problema de seguridad y en respuesta el gobierno federal atacó, deportando a más de 20 mil mareros a sus países de origen.
Al no tener raíces a las que vincularse familiar o emocionalmente, los deportados asimilaron las maras como su familia, se fortalecieron, estaban en varios países y las cárceles no eran limitación para su funcionamiento, y se multiplicaron las clicas, o especie de franquicia de estas bandas.
Mientras tanto, en Venezuela, las grandes bandas son consecuencia de condiciones socioeconómicas. En su mayoría son organizaciones criminales con muchas rivalidades y poca logística.
El boom de las megabandas es consecuencia de la crisis económica, políticas represivas y la crisis penitenciaria que llevó a las cárceles a miles de delincuentes, quienes se organizaron bajo la figura del pranato, tomaron el control de las cárceles y expandieron su influencia a las comunidades y a todo el país como lo hizo el infame Tren de Aragua.
El último ingrediente del cóctel fue la crisis migratoria que llevó a más de seis millones de venezolanos a recorrer el mundo, especialmente el continente americano. Entre ellos, miles de delincuentes huyeron de la justicia y exportaron la delincuencia.
Dos realidades distintas con un elemento en común, delincuentes haciendo de las suyas.
Violencia del Estado y migración
Ahora, para tratar de entender la reducción de las cifras, hay que ver los mecanismos implementados para lograr esa reducción, agrega Izquiel, quien recuerda que la inseguridad no ha sido un tema a debatir en la agenda de las autoridades venezolanas.
En Venezuela, a partir del año 2015, se puso en marcha una política de mano dura contra la delincuencia por parte del gobierno: la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), operativos mixtos organizados por el Ministerio de Interior y Justicia que, dejaron un saldo de 505 asesinatos hasta mediados de 2017, según una investigación del Ministerio Público.
Tras la Masacre de Barlovento, las OLP fueron sustituidas por operativos de la PNB, a través de las FAES y del Cicpc. Continuó la política de mano dura en la que murieron miles de delincuentes, y otros inocentes. Muchos migraron, otros cayeron en las cárceles y en los infrahumanos calabozos policiales.
Estas acciones redujeron las cifras de homicidios, pero las denuncias sobre excesos y ejecuciones policiales llevaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a pronunciarse y exigir la disolución de las FAES y el enjuiciamiento de responsables en la violación de derechos humanos.
Mano dura salvadoreña
En El Salvador la delincuencia es un tema que ha estado en la palestra política y que llegó a su cúspide con una serie de asesinatos ocurridos la Navidad del año 2020.
En respuesta, el presidente Nayib Bukele declaró un Régimen de Excepción que ha sido renovado varias veces. Hasta septiembre de 2022 había llevado a las cárceles a 56.716 pandilleros y personas vinculadas a las maras, según el Ministerio de Seguridad Pública.
Además, se incautaron bienes por más de dos millones de dólares, armas, drogas, inmuebles, vehículos.
Estos operativos llevaron las tasas a caer de 38 homicidios por cada cien mil habitantes en 2019 a 7,8 al cierre de 2022.
En la nación centroamericana, organizaciones civiles han alertado sobre la violación de los derechos humanos durante este período, sin embargo, no se reportaron cifras de muertes durante las operaciones.
Darle al pueblo lo que pide
Sobre el tema de cómo son percibidas las medidas implementadas por las autoridades para combatir la inseguridad, la periodista venezolana Yhanny Casares, quien hace siete años emigró a El Salvador, señaló que la opinión popular sobre las operaciones favorece notablemente al gobierno.
“La seguridad es algo muy importante, y cuando la gente ve que hay acciones concretas, que se encarcela a los delincuentes, la gente siente que están trabajando por ellos”.
Agregó que el hecho de que además de encarcelar a los mareros, se haya enviado tras las rejas a delincuentes de cuello blanco, a políticos, empresarios y religiosos que se beneficiaban de las maras ha permitido ampliar la visión positiva del Régimen de Excepción.
“En las zonas vulnerables crearon bibliotecas con computadoras e internet, dotaron a los niños de herramientas de estudio, así como becas, dan incentivos para alejar a los niños y jóvenes de las maras, porque se sabe que ellos los captan jóvenes”
