El ex presidente se enfrenta a una sanción de hasta 250 millones de dólares y a la imposibilidad de hacer negocios en Nueva York de forma permanente
Desafiante, confiado, con gesto duro y dispuesto a limpiar su nombre. De esa guisa se presentó el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los juzgados del sur de Manhattan para el juicio civil que arrancó ayer contra su empresa, acusado de fraude tras inflar los precios de sus propiedades para obtener préstamos bancarios y otros beneficios durante años. Tanto él como sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric, además de varios miembros de la Trump Organization, se enfrentan a una sanción de 250 millones de dólares y a la imposibilidad de hacer negocios en el Estado de Nueva York de forma permanente.
Vestido con un traje azul y corbata a juego, Trump, que asistió al juicio de forma voluntaria y acompañado por sus hijos, atendió a los medios presentes antes de entrar a la sala del juzgado, desplegando su habitual discurso en lo tocante a la montaña de asuntos judiciales que enfrenta. Habló de persecución por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y ejerció el papel de víctima. «Esta es la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos», indicó. «Esto tiene que ver con una interferencia electoral, así de simple. Están tratando de hacerme daño para que no me vaya tan bien como me está yendo en las elecciones».
Sin embargo, una gran parte del daño contra su organización ya está hecho. El pasado martes, el juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Engoron -el mismo que presidió ayer el proceso civil- halló al republicano y a sus hijos responsables de fraude y canceló la certificación empresarial de la Organización Trump, un fallo que podría representar un golpe mortal para el imperio financiero del ex presidente en medio de su intento de reelección.
El magnate republicano podría perder el control de activos tan importantes como la Trump Tower en la Quinta Avenida de Manhattan y un edificio de oficinas en el 40 de Wall Street, además de otras propiedades. Engoron rechazó los argumentos esgrimidos por el equipo legal de Trump, que aseguró por activa y por pasiva que no infló los valores de sus campos de golf, hoteles y varias residencias, incluyendo la Mar-a-Lago, en Florida, donde escondió una multitud de cajas de documentos clasificados que acabaron siendo incautadas por el FBI en un registro en verano del año pasado.
Al ex presidente se le acusa, por ejemplo, de haber engordado en 114 millones el valor de su apartamento de la Trump Tower, un tríplex de lujo donde vive su familia. «Una discrepancia de esta magnitud por parte de un promotor inmobiliario que evalúa su propio espacio habitable durante décadas sólo puede considerarse fraude», escribió Erdogon.
Kevin Wallace, abogado de la oficina de la fiscal James, solicitó al juez en su declaración inicial de la primera vista del caso que impida al magnate neoyorquino y sus empresas seguir operando en Nueva York. «Si bien una cosa es exagerar para la revista Forbes… no se puede hacer mientras se hacen negocios en el Estado de Nueva York», indicó, argumentando que la cifra del imperio del republicano se exageró hasta en 3.600 millones de dólares en una década, ente 2011 y 2021.
El abogado del ex mandatario, por su parte, esgrimió que su cliente se ha hecho multimillonario por conocer de sobra el mercado inmobiliario de Estados Unidos. «Trump ha ganado miles de millones de dólares construyendo uno de los imperios inmobiliarios más exitosos del mundo», dijo Chris Kise. «Ha hecho una fortuna literalmente por tener razón en el sector inmobiliario».
Tras el fallo de Erdogon la semana pasada, el objetivo del proceso es determinar la cantidad que la organización del ex presidente deberá pagar -hasta 250 millones dólares- y si será expulsado de facto de la escena inmobiliaria neoyorquina sobre la que construyó su fortuna y reputación de gran hombre de negocios. En la lista de testigos llamados a declarar están, además de sus hijos, el antiguo jefe financiero de la firma, Allen Weisselberg, el hombre que se declaró culpable el año pasado de estar detrás de un fraude fiscal durante 15 años. Ivanka Trump, que ocupó un cargo ejecutivo en la organización de su padre, no tendrá que comparecer tras la decisión de un tribunal de apelaciones de Nueva York.
El juicio, que podría durar hasta finales de diciembre, es uno más en la lista de causas pendientes que tiene el ex presidente y que podrían complicar sus opciones de reelección. Los demócratas confían en su inhabilitación para cualquier cargo político si es condenado, aunque lo ajustado del calendario hace presagiar que solo habrá tiempo para uno solo de los cuatro juicios federales que le esperan antes de las elecciones de noviembre de 2024, probablemente el de su implicación en el asalto al Capitolio.
Lo cierto es que los 91 cargos que pesan en su contra por esa retahíla de procesos no han hecho más que favorecer sus sueños de reelección. Su discurso sobre la persecución sistemática del Gobierno de Joe Biden y otras facciones le han disparado en las encuestas de las primarias del Partido Republicano. Su horda de seguidores parece más que convencida de la «caza de brujas» que argumenta que existe en su contra. Su ventaja es de hasta 50 puntos sobre su más inmediato perseguidor, Ron DeSantis, el gobernador de Florida.
Para algunos analistas, este juicio es una continuación de ese fenómeno a la inversa. De ahí que se haya presentado de forma voluntaria y haya atendido a los medios, con rictus serio, proyectando la imagen de no tenerle miedo a este proceso ni a todos los que están por venir.
