Celebrar públicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos, o respaldar los inéditos bombardeos de Washington, se ha convertido en lo más cercano a un delito en Venezuela.
El decreto de estado de conmoción exterior dictado por el gobierno venezolano ordena a las policías «emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República».
«(Los arrestados serán) puestos a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento», se agrega en el artículo 5 del decreto, fechado el 3 de enero -y con la firma de Nicolás Maduro-, quien en la madrugada de ese día fue aprehendido por soldados estadounidenses en Caracas durante una serie de ataques aéreos contra posiciones gubernamentales y militares venezolanas.
Además de la restricción al derecho a la libertad, la resolución también autoriza a las autoridades a limitar garantías como las de reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días, prorrogables por un período similar. El decreto fue anunciado a fines de septiembre, poco después del inicio del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe. Sin embargo, su contenido no se había hecho público.
Hasta el momento, se ha informado de dos detenciones por «celebrar el secuestro del presidente Maduro».
