Perú vivió este lunes otra jornada de extrema tensión, ni siquiera suavizada por el anuncio de la presidenta Dina Boluarte que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024, debido a las crecientes protestas de miles de seguidores del exmandatario Pedro Castillo en varias ciudades y regiones, que incluyeron bloqueos de rutas y ocupaciones de aeropuertos y universidades. Tres manifestantes murieron este lunes en protestas en las que se exigía la renuncia de Boluarte en los departamentos de Arequipa y Apurímac, lo que elevó a cinco el total de fallecidos en Perú en las últimas 48 horas.
Uno de los decesos ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la represión policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto local, tomada por unos 1.500 manifestantes. La otras dos muertes tuvieron lugar en una marcha repelida por policías antimotines en Chincheros, departamento de Apurímac, la cuna de Boluarte.
En Chincheros los manifestantes incendiaron el local del Ministerio Público y la comisaría. «¡Necesitamos apoyo en Chincheros! Que venga un helicóptero para dispersar a las personas. Solo somos 30 efectivos. Ya se nos está acabando la munición, tenemos policías heridos», pidió un policía de Chincheros en un audio filtrado por la prensa. La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, denunció en declaraciones a la prensa que «ni la policía ni los estados de emergencia en toda la historia de la conflictividad que Defensoría del Pueblo tiene registro han resuelto los conflictos o las crisis».
Este lunes un grupo de manifestantes atacó y trató de ocupar el aeropuerto de Arequipa para exigir la convocatoria de elecciones y el cierre del Congreso. Los medios locales reportaron que centenares de manifestantes ingresaron hasta la pista del aeropuerto y causaron algunos destrozos, hasta que fueron desalojados por policías y miembros de las Fuerzas Armadas.
El aeropuerto fue cerrado y evacuado luego de que los manifestantes ingresaran a sus instalaciones «destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control», dijo Aeropuertos Andinos del Perú, la empresa que administra el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, mientras que medios locales informaron de al menos cuatro heridos en enfrentamientos con la policía, además de la muerte, confirmada horas más tarde, de uno de los manifestantes.
También en Arequipa la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes. Los medios locales reportaron que centenares de personas se agolparon frente a la planta láctea donde causaron destrozos y quemaron material de la fábrica, entre ellos un camión de la empresa. Los trabajadores de la empresa Gloria de otros puntos de ese departamento fueron desalojados por motivos de seguridad y para evitar situaciones similares.
La espiral de violencia es tal que, en pleno cortejo fúnebre de los dos fallecidos en las protestas del domingo en la localidad peruana de Andahuaylas, efectivos policiales reprimieron a los ciudadanos. Los féretros eran trasladados, en hombros, a la comisaría de la ciudad cuando personal policial arrojó gas lacrimógeno y disparos al aire.
Mientras tanto, estudiantes ocuparon la universidad de Cajamarca e intentaron hacer lo mismo en las casas de estudios de Jaén y Chota. En todos los casos se repetía el reclamo de convocatoria a elecciones en 2023 y cierre del Congreso, aunque en algunas de las protestas se mezclaron tibias defensas de Castillo.
La radio RPP reportó dos cortes de ruta en Trujillo, cuatro en Puno, siete en Ucayali, diez en Arequipa, uno en Tacna, siete en Abancay y seis en Ica, mientras el transporte de pasajeros no llegaba ni salía de Cusco, la principal ciudad turística del país. El cuadro podría agravarse si los gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas cumplen su anuncio de paro indefinido a partir del martes, en este caso con el dato extra de que el colectivo reclama la «inmediata libertad» de Castillo.
Estado de emergencia
El anuncio de Boluarte del envío al Congreso de un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 no calmó a los manifestantes, que exigen la liberación de Castillo, el cierre del Parlamento y nuevos comicios. La atención esta puesta en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones anticipadas, ya que implica que ellos recorten su mandato en dos años.
Para recortar mandatos, como el presidencial y legislativo, se requiere hacerlo en dos legislaturas consecutivas, un proceso que puede durar hasta un año, según las leyes peruanas. Y para convocar a elecciones anticipadas es necesaria una reforma constitucional.
En un intento de frenar la ola de manifestaciones el gobierno cesó el lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que «azuzan las protestas». Además Boluarte declaró un estado de emergencia «en las zonas de alta conflictividad social».
Mientras tanto la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró «profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia». En un comunicado emitido en Ginebra, la oficina indicó que «dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación».
