El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó que la orden de detención emitida este viernes por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin, es «inaceptable», y agregó que Moscú no reconoce la jurisdicción de ese tribunal.
Señaló que consideran que la misma formulación del caso «es escandalosa e inaceptable. Rusia, al igual que varios países, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante».
La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin, citando su responsabilidad en presuntos crímenes cometidos en Ucrania. El tribunal ubicado en La Haya menciona la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso que califica de un crimen de guerra y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
Mientras que, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, recordó que las decisiones de la CPI «no tienen ninguna importancia» para el país, «ni siquiera en términos jurídicos». La vocera precisó que «Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo», ni coopera con este organismo.
Asimismo, junto con el presidente, el tribunal dictaminó el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. La funcionaria también comentó la decisión del tribunal: «Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta», manifestó Lvova-Belova.
La Corte Penal Internacional fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El documento constitutivo, el Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Rusia, Ucrania, EE.UU., China, Israel, entre otros. Washington incluso adoptó una ley que autoriza el uso de «todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación» de un militar o funcionario detenido por solicitud de la CPI.
