Aunque la posibilidad de lograr un relajamiento en las sanciones impuestas principalmente por parte de los Estados Unidos ha permitido que el proceso de la primaria siga su curso, no se descarta que, en la medida que se aproxime la fecha de su realización, el gobierno decida acabar con la posibilidad de que la oposición se unifique mediante la legitimación electoral de un candidato que lidere el proceso de cara a las próximas presidenciales. Este es solo uno de los aspectos que ha venido exacerbando la incertidumbre en las últimas horas, lo que se suma a las duras controversias internas sobre cómo se gestionará el posible triunfo en la primaria de una figura inhabilitada por el régimen
Apenas a seis semanas de la celebración de la primaria, se mantiene un ambiente de incertidumbre y escepticismo en torno a si el proceso se podrá llevar tal como está previsto o, si, por lo contrario, será abortado. Es mucho lo que está en juego para los actores involucrados y eso hace que cada quien trate de utilizar todo lo que esté a su alcance para mover la balanza a su favor. Y en el medio están todos los ciudadanos que en una gran mayoría exigen cambio de gobierno, especialmente por las cada vez más agobiantes condiciones de vida que han sufrido un importante retroceso en el presente año.
Desde que se anunció la posibilidad de convocar una elección primaria para escoger al candidato opositor que se enfrentaría con el oficialista en las elecciones presidenciales de 2024, se esperaba que el gobierno ejerciera acciones para impedir este proceso, bien a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia por alguna denuncia como la de Luis Ratti, por ejemplo, o por cualquiera causa que se le ocurriera. Sin embargo, eso hasta ahora no ha ocurrido.
Entre las explicaciones hay que considerar las opciones estratégicas que tiene el gobierno en el actual tablero de juego. En primer lugar, están las expectativas que tiene el equipo de Maduro en torno a las negociaciones que viene adelantando, de manera directa, con las autoridades de los Estados Unidos, en las cuales esperan avances importantes en materia de relajación de sanciones, no tanto por su disposición a hacer concesiones en lo político-electoral, sino apostando que más pesarán los intereses del gobierno norteamericano cuando se acercan también a un año electoral, que su interés en la democracia venezolana. Por otro lado, está el seguimiento continuo que el gobierno lleva sobre el posible éxito o fracaso de la primaria y de las condiciones de su realización, a fin de decidir sobre la conveniencia o no de su interrupción y la justificación para hacerlo en el caso de que su evolución apunte hacia un proceso exitoso que fortalezca a un líder opositor y comprometa las probabilidades de continuidad del régimen, como pareciera ser el caso considerando las amenazas y reacciones de las últimas horas en contra de la Comisión Nacional de Primaria y las Juntas Regionales. A lo que se agregaría el ejercicio de una presión mediática por parte de algunos voceros tanto oficialistas como “opositores”, algunos de ellos cooptados por el mismo régimen, que se alinean con el propósito de interrumpir la consuta ante las altas probabilidades de triunfo de María Corina Machado, quien no forma parte de la Plataforma Unitaria y está inhabilitada por el régimen, al igual que lo están Henrique Capriles y Freddy Superlano quienes, como ella, mantienen sus candidaturas en el proceso.
Riesgos y amenazas latentes
Luego de las renuncias de María Carolina Uzcátegui y Rafael Arráiz Lucca, vicepresidenta y suplente, respectivamente, la Comisión Nacional de Primaria decidió continuar adelante con el proceso tal como estaba previsto y de manera autogestionada, tomando en cuenta que no fue posible contar con el apoyo del CNE a la primaria. El trabajo no ha sido fácil tomando en cuenta que se trata de montar un proceso de elecciones con escasos recursos y con todas las piedras en el camino que pone el gobierno. Una de las tareas más demandantes han sido la de organizar el proceso de voto en el exterior, así como la logística interna para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho en cualquier parte del país. Seleccionar los 3.018 centros de votación previstos ha sido muy cuesta arriba debido a las amenazas del sector oficialista hacia cualquiera que preste sus espacios, como fue el caso de los centros educativos, la iglesia, centros comerciales, entre otros.
Trascendió que hasta ahora se han recibido amenazas puntuales en algunos centros de votación y la estimación es que esas amenazas aumenten en estados como Táchira, Amazonas y Delta Amacuro; también sobre personas que han ofrecido sus casas. En cuanto a violencia electoral, se han registrado 32 incidentes públicos.
Luego de que la Comisión Nacional de Primaria anunciara durante la semana pasada un mecanismo digital mediante el cual los votantes pueden conocer dónde será su centro de votación, el foco de atención ha estado en el uso del padrón electoral del CNE . Se ha hablado de una intervención del CNE en este caso contra la Comisión Nacional de Primaria, pasando por alto que este registro electoral es público y es utilizado por otras organizaciones, incluyendo al PSUV, para sus elecciones internas.
También ha habido ataques relativos al financiamiento. Y por otra parte se han presentado amenazas mediante presión psicológica, tácticas de desinformación y coacción sobre diferentes actores, como es el caso de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria y de las Juntas Regionales durante las últimas horas. Por otra parte, sigue la presión sobre los medios de comunicación social y sus posibilidades de informar sobre la primaria. De hecho, el pasado viernes 1° de septiembre Conatel cerró la emisora Continental 103.5 FM, en Táchira, porque “la necesitaban para montar Radio Tiuna”, que es oficialista. De esa manera y de forma arbitraria, el gobierno usa diferentes recursos para jugar a la desinformación y desestimular la participación.
Asimismo, durante esta semana, el país fue testigo de cómo se orquestó una campaña contra las primarias en las que coincidieron voceros del oficialismo, como Diosdado Cabello, con actores políticos como dos alcaldes de Fuerza Vecinal, Gustavo Duque de Chacao y Manuel Ferreira de Lechería; Benjamín Rausseo, quien reaparece para confirmar su candidatura sin pasar por la Primaria; y hasta la exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcátegui, quien convoca a una rueda de prensa para generar dudas sobre el trabajo de quienes fueron sus compañeros en una misión que el país les encomendó y a la que ella decidió renunciar, contradiciendo muchas de sus declaraciones públicas mientras fue parte de la comisión. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus propias conclusiones.
Lo que sí está claro es que el gobierno entiende los potenciales costos de suspender la primaria, incluida la posibilidad de que sean los norteamericanos los que se levanten de la mesa de negociación sin acuerdos políticos que alivien las sanciones en medio de una situación económica nada favorablen cuando están en la antesala de una elección. Por tal motivo prefieren amenazar y presionar, a través de actores oficialistas y otros, supuestamente, opositores, para que sea la misma Comisión Nacional de Primaria la que decida cancelar el proceso.
La pregunta es ¿hasta donde está dispuesto a llegar el gobierno si la Comisión Nacional de Primaria continúa adelante con la misión que el país le ha encomendado? ¿Se atreverá a tirar por la borda todo el proceso de negociación con los Estados Unidos y a enfrentar las posibles consecuencias internas que pueden derivarse de la suspensión de la elección primaria? La realidad es que a estas alturas, habiendo un proceso muy avanzado y un porcentaje muy alto de la población que quiere votar en una primaria y avanzar hacia un camio político, detener este proceso puede tener consecuencias y costos muy altos para el gobierno.
