La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, apuntó este viernes a «empresarios ligados al macrismo», en referencia al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), como las personas que pagaron a los implicados en el atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre, que, en su opinión, «no eran indignados».
«Esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) no eran indignados. Era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior Gobierno, con el macrismo», afirmó la vicepresidenta.
En su primera aparición en un escenario con público desde que sufrió el ataque, el 1 de septiembre pasado, por el cual tres jóvenes se encuentran procesados y detenidos, la también exmandataria (2007-2015) pidió terminar con la «mentira» de los «indignados rentados».
La Justicia, además de procesar a los autores materiales del ataque, procesó en otra causa a cuatro jóvenes integrantes de la agrupación Revolución Federal, conocida por sus escraches contra el Gobierno y amenazas a la vicepresidenta.
Cristina Fernández indicó este viernes que esos indignados con la política que fueron reproducidos por la televisión, en realidad «recibían millones de pesos para hacer eso».
Aunque luego reconoció: «No quiere decir que no haya gente enojada con lo que pasa», en un país que sufre caída del poder adquisitivo, con un 85 % de inflación.
Con el canto «Cristina presidenta«, los trabajadores y delegados metalúrgicos recibieron a la vicepresidenta, quien se dio un baño de masas en el acto de cierre de los congresos regionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, con un fuerte operativo de seguridad.
Fernández contó que ella también vio el atentado por televisión: «No me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía, en los hechos, volarme la cabeza».
Y alertó que está «resignada» con la Justicia: «No va a investigar nada porque le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial».
La vicepresidenta sufrió el atentado en medio de las manifestaciones a las puertas de su domicilio que se dieron desde que el 21 de agosto un fiscal pidió para ella 12 años de prisión por presunta corrupción en los dos períodos en que fue mandataria.
