El Congreso de Perú aprobó este viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe, por lo que, ahora, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
Cuatro horas de debate
Durante la exposición del expediente, el congresista Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, destacó los «elementos de convicción», según dijo «muy reveladores», entregados por el Ministerio Público sobre la supuesta existencia de una organización criminal en el aparato estatal.
Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, resaltó el respeto al debido proceso, así como su «independencia, imparcialidad y legalidad», y acusó a Castillo y a su defensa de realizar acciones «dilatorias y obstruccionistas».
Durante su intervención virtual, el abogado del expresidente, Eduardo Pachas, solicitó sin éxito que Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno y calificó de «absurda» la acusación, insistiendo en que el Congreso no observó los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que pidió el archivo de la denuncia.
Tras pedir que se archive la denuncia contra el exmandatario, fue el turno de la defensa de Silva, pero la participación de su abogado fue rechazada por no haber sido acreditado con anticipación, mientras que el exministro Alvarado envió un oficio al Parlamento en el que se allanaba a que se apruebe la acusación constitucional para que la Fiscalía pueda continuar y formalizar la investigación.
Durante el debate, que se extendió por unas cuatro horas, tomaron la palabra decenas de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que lucía prácticamente vacía.
Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo el 7 de diciembre pasado por «permanente incapacidad moral» y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte.
