Un grupo de 13 funcionarios de Venezuela, detenidos recientemente en la operación anticorrupción que lidera el Gobierno, fueron presentados la madrugada de este miércoles ante los tribunales, donde se celebró la audiencia de presentación, informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.
«Durante esta madrugada se realizó la audiencia de presentación por su vinculación a la tramas de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela», señaló Ñáñez en su cuenta de Twitter.
Asimismo, dijo que entre los presentados están el presidente de la CVG, Pedro Maldonado; el vicepresidente de Planificación, Edgar Sánchez; el vicepresidente de Hierro y Acero, Felipe Contreras; el gerente de Tráfico y Aduanas, Carlos Moreno; el director de Despacho, Johan Sequera; y el gerente de Asuntos Legales, Isaac Salazar.
Se incluye también al presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo.
Por su parte, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) señaló que también fueron presentados ante tribunales Hugo Cabezas, «vinculado» a la empresa Cartones de Venezuela; Mario Pisano, asistente del expresidente del Circuito Judicial de Caracas; y Loreanny Mejías y Fabiola Torrealba, asistentes del juez José Mascimino Márquez, quien está arrestado.
El domingo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de los miembros de la directiva de la CVG.
La CVG es un conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicada en el estado de Bolívar, en el sur de Venezuela.
El pasado viernes, la Policía Nacional Anticorrupción hizo una nueva solicitud a la Fiscalía para procesar judicialmente a un «conjunto de funcionarios» de la CVG, quienes estarían «incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
Cabe señalar que en la sala de audiencias estaban presentes cinco abogados defensores además de los tres fiscales. Así lo informó Roger Villegas, periodista de Venezolana de Televisión (VTV), desde la sede del SEBIN en la base Helicoide de Caracas.
El pasado 17 de marzo, el cuerpo anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales».
