La economía de Venezuela está estancada y hundida. Estancada porque tras un brevísimo periodo de recuperación (de sólo año y medio), hemos entrado a lo largo de este año en una fase de contracción que amenaza con borrar el poco terreno ganando. Hundida, porque somos después de Haití, la economía con el ingreso per cápita más bajo del continente.
En cierto sentido el que estemos hundidos con un ingreso por habitante que no supera los 2.500 dólares y sin ningún estímulo económico de envergadura, nos condena a permanecer por un tiempo indeterminado en una suerte de “trampa de pobreza”. Esto es, en un mal equilibrio donde la sociedad y la economía se adaptan a los niveles y la calidad de vida de una masa de sobrevivientes y consumidores precarios que conviven con una élite minúscula y de grotesco exhibicionismo.
En mercados que no crecen y en un contexto donde la voracidad tributaria, la inseguridad jurídica y la incertidumbre política/institucional campean, la inversión privada no percibe estímulos para moverse y se concentra en ciertos mercados de nicho, de alto riesgo. La inversión pública, por su parte, sigue ausente ante la carencia visible de planes y recursos. Por otro lado, Venezuela está ausente en el radar de los inversionistas foráneos, sea por su aislamiento político, económico y financiero, sea por su marco jurídico-institucional precario, sea por la inestabilidad de su economía, y por las mismas perspectivas de recesión y estancamiento.
Sin inversiones públicas o privadas significativas, con unos niveles de consumo que responden al precario y cada vez más aplastado poder adquisitivo del ingreso, sin el poder arrollador de antaño del gasto del Estado, y careciendo de factores esenciales para poder competir internacionalmente y dinamizar por esa vía la economía, el estancamiento se va convirtiendo en la norma y en la mejor proyección de la actividad económica.
Para seguir promoviendo una recuperación liderada por el consumo privado, el proceso de dolarización de salarios y de recepción de remesas tendría que haber avanzado más, pero en definitiva esos son flujos cuyos ritmos de expansión tienen límites, y cuyo impacto positivo ya fue absorbido por la economía. La dolarización de los salarios en el sector privado ya no avanza mucho más y las remesas son un flujo incierto que ni siquiera conocemos, pues el Banco Central, a los efectos prácticos, es un ente disfuncional.
Pesa como estocada el enorme y prolongado proceso de devaluación del bolívar que ocurrió (y que aún no cesa del todo) desde finales de 2022 y hacia el primer trimestre de 2023. De un precio de 8,20 Bs/US$ a comienzos del cuarto trimestre del pasado año, la divisa norteamericana pasó a 25,15 a finales de marzo de Este año. Es decir, en sólo 6 meses el bolívar se devaluó 206%. Hoy ya va por casi 35 Bs/US$ y enfila hacia la acostumbrada cumbre de cierre de año. Y es que mientras no haya confianza, no habrá forma de parar el apetito por el dólar.
Y sobre todo este ambiente seco y sombrío pesa la decisión de mantener congelado el salario mínimo y toda la escala salarial de los dependientes del sector público, otra fórmula que no ha permitido la recuperación del poder adquisitivo y tampoco ha parado la inflación del todo. ¿Cuánto más debe bajar el poder adquisitivo para parar la inflación? No sabemos. No hay quien sepa de economía entre quienes gobiernan, y los funcionarios que hablan lo hacen como capos para descalificar o para repetir necedades y lugares comunes. Allí no hay cabeza, ni entendimiento.
Algunos analistas independientes respetables han señalado que el último cuatrimestre del año puede mostrar una faceta económica algo diferente por el impacto que puede generar la corriente de mayores ingresos petroleros.
Pero poner las expectativas en la recuperación del sector petrolero no luce hoy una opción verosímil. Ciertamente la producción de crudo ha ido en aumento. En el primer trimestre del año cerró en una media de 731.000 barriles por día (bpd), un alza del 5,4 % respecto a los últimos tres meses de 2022, cuando promedió en 693.000 bpd. En el segundo trimestre de 2023 cerró en un promedio de 808.000 barriles por día (bpd), un alza del 10,5 % respecto a los primeros tres meses del año. Pero ninguno de esos incrementos se tradujo en crecimiento para la economía doméstica. Vale preguntarse por qué.
Lo que se vislumbra ahora para el último cuatrimestre es un ambiente de mejores precios y una posible licencia para ciertas operadoras internacionales. Esto es una buena noticia para las pocas empresas internacionales que aún operan en el país, pero no necesariamente esos mayores ingresos se van a traducir en una palanca de dinamización de la economía interna.
Veamos brevemente un escenario petrolero para el último cuatrimestre del año y luego hurguemos en los cambios cualitativos que hoy pesan sobre los mecanismos de transmisión que tiene el ingreso petrolero sobre el resto de la economía.
El precio promedio del crudo Brent este año ronda los 84,6 dólares el barril, pero en los dos últimos meses ha estado subiendo y a septiembre va por 91 dólares/bl. Venezuela vende sus crudos al menos 20 dólares por debajo de ese precio (e incluso con descuentos aún mayores, por los problemas para comercializar con sanciones). Supongamos que ese pico de precios se mantiene por el resto del año (por 4 meses) y que vendemos crudos 6,5 dólares por encima del precio promedio alcanzado hasta ahora. Supongamos además que producto de alguna flexibilización en las sanciones ciertas operadoras como Chevron, Eni y Repsol bombeen unos 75 mil barriles por encima del promedio del año. ¿Cuál es el ingreso adicional por ventas que ese escenario supone? ¿Cuánto le queda al Estado venezolano?
El ingreso extraordinario sería de aproximadamente 640 millones de US$, y en buena lid, suponiendo un aporte fiscal cercano al 30%, le quedaría la Estado venezolano algo como 192 millones de dólares. Si Maduro decidiera repartir todo ese aporte fiscal adicional sobre los 7 millones de pensionados y dependientes de la administración pública, cada uno recibiría cada mes y hasta el mes de diciembre un bono de 6,8 dólares. Fin de la historia.
Sobre todo esto hay que descontar el hecho de que el arrastre que la operación petrolera tiene sobre la economía es hoy menor al que tenía antaño, cuando alrededor del sector petrolero convivía una economía semi-industrial y con un importante sector conexo. Por otro lado, no es un secreto que para promover la operación de los socios en los proyectos petroleros activos y pagar deudas, PDVSA y el fisco han tenido que ceder aporte fiscal. Así que los efectos marginales directos de arrastre sobre la economía privada o indirectos a través del gasto público, difícilmente pueden hacer el trabajo de antes.
Parece claro entonces que Venezuela no saldrá del foso sin un cambio sustancial y cualitativo en las mezclas de política públicas, y para eso necesitamos, a estas alturas, cualquier otro gobierno.
