Dos meses han pasado desde que el presidente peruano Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y cobró forma la amenaza que penduló sobre su Gobierno, incluso antes de asumir el mandato, en julio de 2021.
El clima de inestabilidad política e ingobernabilidad que se ha ido agudizando desde 2016, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, se mantiene en su punto de máxima tensión sin que se vislumbre alguna solución viable a la crisis.
La reciente salida del docente rural implicó la llegada a la presidencia de Dina Boluarte, quien desde el principio no contó con el apoyo popular, pero sí con el respaldo del Legislativo, que tanto había ejercido presión para impulsar la vacancia de Castillo.
En las calles de varias ciudades del sur y oriente del país las movilizaciones de los sectores campesinos e indígenas se han mantenido constantes y, según los expertos, se está conformando un movimiento social sin precedentes.
Para tratar de entender hacia dónde se enfila esta nueva crisis en el país suramericano, vale la pena revisar los seis principales puntos presentes en este conflicto.
1. ¿Qué pasó con Pedro Castillo?
Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, en Lima, donde fue privado de libertad tras ser destituido. La semana pasada, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la cuestión previa hecha por su defensa para intentar anular la investigación por el presunto delito de rebelión, del que se le señala.
Sus abogados sostienen que no se le hizo un antejuicio político ni se le concedió el derecho a la defensa en el Congreso.
El maestro rural también solicitó al Poder Judicial que se anulara la resolución de vacancia emitida por el Parlamento por «incapacidad moral permanente», recoge RPP.
En estos dos meses, en su cuenta de Twitter se han publicado varios comunicados donde el izquierdista califica de «dictadura» al Gobierno de Boluarte, al que responsabiliza de «criminalización de la protesta» y de cometer «ejecuciones extrajudiciales». Del mismo modo, se han compartido agradecimientos a los presidentes de la región que lo han respaldado.
2. Dina Boluarte, panorama incierto
Las promesas iniciales de la abogada de agrupar a todas la «sangres» en su gabinete y de establecer una «tregua política» se han desinflado en el camino.
De la misma manera, su compromiso de ser «la voz de los nadies» se ha ido al traste porque precisamente los sectores invisibilizados de la población son los que piden con más vehemencia su salida.
Boluarte rápidamente se separó de quien fuera su compañero de fórmula, y lo acusó de corrupción, de incitar al odio en su contra y de cometer un golpe de Estado. Por su parte, el maestro rural la tildó de «usurpadora».
El panorama de la presidenta, sobre quien pesa una investigación por «genocidio», no está aún claro. Hasta ahora el Congreso no ha definido que ocurra un adelanto de elecciones ni ha emprendido acciones para forzar su salida, como lo hizo con su predecesor.
3. ¿Hacia dónde van las movilizaciones?
El hilo conductor de esta reciente crisis han sido las movilizaciones, que han aumentado de intensidad y que han tenido un fin político desde el principio.
Ya en diciembre, había cuatro puntos definidos por los manifestantes: la liberación y retorno del presidente; la salida de Boluarte; la disolución del Parlamento y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Si bien las protestas se iniciaron en las ciudades del sur y el oriente, que conforman las zonas más empobrecidas y excluidas del país, en las últimas semanas los manifestantes se han trasladado a Lima por sus propios medios, sin que haya un liderazgo partidista visible.
Hasta ahora, el Gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda en siete entidades donde el «control del orden interno» estará a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas. La decisión fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, que pidió una reunión con el ministro de Defensa para expresar su preocupación.
Grupos de campesinos de los pueblos chankas, aimaras, quechuas y waris han llegado a la capital peruana para participar en las movilizaciones, en medio de excesos de los cuerpos de seguridad y muestras de racismo, discriminación y criminalización por parte de los sectores conservadores y los medios de comunicación.
El excanciller peruano Héctor Béjar calificó a la actual movilización como el nacimiento de un poderoso movimiento social y económico, que involucra sectores económicos y está al margen de las izquierdas, según escribió J. Carlos Flores, en un artículo publicado en La Patria.
4. Actuación policial en la mira
Estos dos meses de protestas han tenido como cortina de fondo las denuncias y los señalamientos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Los medios reportan la muerte de por lo menos 69 personas en el contexto de las protestas. Por su parte, la Defensoría maneja la cifra de 59 muertos y un total de 1.622 heridos (1.229 entre enero y lo que va de febrero de este año y 836 entre el 7 de diciembre y el 31 de ese mes de 2022).
Uno de los hechos más relevantes de este tipo ocurrió en Puno, donde por lo menos 17 personas fallecidas durante las movilizaciones presentaron impactos por armas de fuego. Mientras que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por «genocidio» contra Boluarte, desde el Gobierno se ha tratado de vincular a Bolivia con estas muertes.
La presión internacional se ha ejercido desde distintos organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han alertado sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los antimotines.
5. ¿Habrá elecciones cercanas?
Las protestas no han conseguido su principal demanda: que se convoque a elecciones generales anticipadas.
El Congreso, al que le corresponde debatir y aprobar una fecha adelantada para los comicios, se encuentra entrampado en su propia dinámica interna, en la que cada sector puja por defender sus intereses y su curul, sin que se logre un acuerdo.
Esto cierra el panorama de una pronta salida electoral a la crisis, bien sea través de las urnas o de la renuncia de Boluarte, quien ha manifestado reiteradamente que no dejará el cargo.
La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó la más reciente propuesta presidencial de adelanto de elecciones para octubre de este año, y bloqueó la posibilidad de debatir sobre este tema hasta agosto, cuando se inicie la segunda legislatura.
Esto hunde la propuesta de que los comicios se lleven a cabo en 2023 y pone cuesta arriba la tentativa de que los peruanos vayan a las urnas en 2024, dos años antes de 2026, cuando correspondería.
El Parlamento, de mayoría derechista, torpedeó cuatro proyectos de ley que planteaban fijar una fecha entre julio de 2023 y diciembre de 2024. En este cruce de intereses, la petición de los sectores afines Perú Libre de incluir también una convocatoria a Asamblea Constituyente hizo que se frenara cualquier acuerdo.
Una posible respuesta sobre la razón de estos sucesivos rechazos la asomó la diputada Digna Calle, del derechista Podemos Perú, quien renunció a la segunda vicepresidencia del Congreso y dijo que sus colegas no tenían desprendimiento porque privaban sus intereses económicos, recoge RPP.
«Pienso que esa es la única motivación para retrasar este adelanto de elecciones. Han mejorado su estilo de vida y, lamentablemente, no lo quieren dejar; y ponen pretexto tras pretexto», aseguró.
6. Rechazos y alianzas en la región
Tras la destitución de Castillo, aunque varios gobiernos de la región mostraron su preocupación por lo ocurrido, los de México, Colombia y Bolivia sentaron una posición más frontal.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que desde el principio hubo «un ambiente de confrontación y hostilidad», que sirvió de abono para que sus adversarios lo destituyeran. Su par colombiano, Gustavo Petro, habló sobre el golpismo de la ultraderecha en América Latina y afirmó en el país vecino se vulneró el derecho a «elegir y ser elegido», mientras que Luis Arce manifestó que «desde un inicio» la derecha peruana había intentado «derrocar a un Gobierno democráticamente electo por el pueblo».
Lima ha tildado las afirmaciones de los tres países como injerencia, en medio un clima de tensiones diplomáticas que han tenido mayor intensidad con La Paz y con el expresidente Evo Morales, a quien se responsabiliza de coordinar acciones desestabilizadoras en Perú, por lo que se le impidió la entrada a esa nación.
En la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Chile y Honduras se agregaron a la lista de países con los que se han intensificado las diferencias diplomáticas. Tras ese encuentro regional, Perú retiró a su embajador en Tegucigalpa.
Por otro lado, sin mayor sorpresa, la Organización de Países Americanos (OEA), que ha sido señalada de participar en el golpe de Estado contra Morales y de promover en su seno acciones desestabilizadoras contra Venezuela, manifestó su «pleno apoyo» a Boluarte.
En cuanto a la relación a EEUU, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, ratificó su respaldo al Gobierno del país suramericano en días recientes y pidió «seguir dando pasos para que rindan cuentas los responsables de actos de violencia».
En una «visita de trabajo» a Washington, la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi dijo que las investigaciones permitirán que se determine el origen de los fondos «con los que se están financiando a grupos violentistas que se desplazan por distintas zonas del país», con referencia los señalamientos de Boluarte, que intenta atribuir las protestas a presuntos enemigos externos, mientras se hacen más fuertes las voces que piden un cambio desde las entrañas de la nación.
