El Gobierno de Perú ha declarado este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días. Esta decisión supone la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros. Además, el Ejecutivo de Dina Boluarte evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.
El ministro de Defensa, Alberto Otarola, ha argumentado que esta decisión se toma en respuesta a las protestas antigubernamentales por la destitución del expresidente Pedro Castillo, en las que han muerto varias personas.
«Se ha acordado el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando (…) y requieren de una respuesta contundente y de autoridad», ha indicado el titular de Defensa.
«Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno», ha indicado el ministro en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros. Ha explicado que en unas horas se oficializará en una edición especial del diario oficial El Peruano la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, lo que significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
«Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión», ha indicado Otárola. Ha subrayado que esta medida ha sido motivada «para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos». Ha añadido que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.
Ha defendido que existe la posibilidad de decretar también toque de queda pero que tienen que definir el marco legal de la norma. Las protestas registradas en los últimos días sobre todo en el sur del país piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte, y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace siete días tras su autogolpe de Estado fallido.
Este lunes los manifestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad del país, Arequipa, y una central láctea, y este martes tomaron una planta de gas en el departamento de Cuzco y se sucedieron numerosos cortes de carreteras, saqueos de comercios o incendios a instituciones públicas en diversos puntos del país.
